Toluca, Estado de México
Lunes 8 de Junio de 2009.
Al firmar dos acuerdos: el de Cooperación en materia de Seguridad Pública con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México Centroamérica y el Caribe –primero en su tipo a nivel nacional–, y el de las Demandas Prioritarias de México Unido contra la Delincuencia al Gobierno del Estado de México, celebró que se lleven a cabo este tipo de acciones que significan la colaboración comprometida del gobierno estatal con el organismo internacional y la asociación civil, a fin de que se cuente con instituciones ocupadas de la seguridad pública eficientes, transparentes, que actúen con honradez y pulcritud, que realmente sean garantes de la seguridad pública y, sobre todo, den confianza ciudadana. Subrayó que se quiere tener Ministerios Públicos confiables, procesos judiciales ágiles, rápidos y confiables, una policía, tanto en la ASE como en la Procuración de Justicia, eficientes, pero también bien remuneradas y reconocidas.
Ante José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Peña Nieto dijo que este acto acredita el compromiso constante, permanente y reiterado que esta administración tiene para trabajar de forma eficaz en el combate a la inseguridad. Destacó que si bien es cierto en el estado ha crecido la criminalidad, también se ha combatido con mayor eficiencia y destacó que de los 57 secuestros que se han registrado de enero a la fecha, se han resuelto 47 de ellos, se ha liberado a 37 personas plagiadas y se ha detenido a 90 personas por este ilícito. De 2006 a la fecha se han dictado 224 sentencias a 457 secuestradores.
Al encabezar el evento Compromiso con la Seguridad Pública, el mandatario estatal dijo que en este tema no ha querido ufanarse de las acciones que se han llevado a cabo porque aún hay mucho que hacer todavía, por lo que hoy se decidió escuchar y asumir como propios los reclamos de México Unido Contra la Delincuencia, así como de refrendar con la ONU el compromiso de combatir el delito de piratería. En presencia de Carlos Alberto Cadena, secretario de Desarrollo Económico; el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y el procurador General de Justicia, Alberto Bazbaz Sacal, así como el comisionado de la ASE, David Garay Maldonado, dijo que hoy los convoca el delinear nuevas acciones, propósitos y compromisos, encaminados a darle a la sociedad mexiquense condiciones de mayor seguridad pública, debido a que sigue siendo una constante preocupación de la ciudadanía en el país.
Ana Franco de Wattmen, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, A.C., expresó que con el acuerdo que suscribió con el gobierno del Estado de México se dará seguimiento y cumplimiento al decálogo de demandas ciudadanas en materia de seguridad pública. Dio a conocer que la población quiere programas integrales para prevenir delitos, tener autoridades de seguridad y justicia más preparadas y poder sentir orgullo de la policía, que el Ministerio Público sea eficiente y honesto, que se puedan solucionar los conflictos sin tener que llegar a procesos penales, que los juicios sean imparciales, cortos y justos, que los presos sean realmente integrados a la sociedad, leyes que garanticen el combate a la delincuencia, conocer los datos verdaderos sobre inseguridad, ser escuchados por las autoridades de seguridad y justicia y que los recursos de seguridad y justicia sean utilizados de manera responsable y transparente. Dijo que los compromisos firmados representan un reconocimiento de la fuerza del reclamo ciudadano, pero también da visos de la voluntad del gobierno del Estado de México por atenderlas, por lo que consideró que es momento idóneo para que el mandatario mexiquense ponga en marcha un plan de trabajo con líneas de acción claras, a fin de atender los reclamos sociales. Precisó que el abatimiento de la delincuencia es un problema que compete a todos, por lo que promoverán la movilización de la ciudadanía para colaborar con las autoridades responsables de seguridad y justicia, pero también para evaluarlas y demandarles apego a la ley, resultados, transparencia y rendición de cuentas. Subrayó que no aceptarán que el decálogo de demandas se perciba como una expresión de buenos deseos, por lo que el escrutinio público de las actividades de las autoridades será intenso y demandante de una comunicación eficiente y constante entre sociedad y gobierno. En el Estado de México se reconoce donde está y se llevarán a cabo acciones para lograr una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno paras ser más eficientes; modernizar a las instituciones de seguridad pública, con policías mejor preparados y de forma regular sean valorados, para lograr los índices de confianza que la sociedad espera de cada elemento, así como contar con un mejor equipamiento y armamento para enfrentar a las organizaciones del crimen organizado; y por último, el recurso humano reciban estímulos, reconocimientos y la preparación, porque son el rostro de las instituciones, concluyó.
Estefanie Eichhorn, representante regional adjunta de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México Centroamérica y el Caribe, dijo que el convenio que suscribió con el gobierno estatal permite establecer un marco jurídico de cooperación a nivel estatal, que facilitará el diseño y el desarrollo de proyectos en beneficio del Estado de México; así como establecer una dinámica única de trabajo entre autoridades, sociedad civil y sector privado, a fin de fortalecer la seguridad, la justicia y la gobernabilidad, además de la salud, desde la prevención y tratamiento de drogas. Expresó que tienen como misión contribuir a lograr seguridad y justicia, protegiendo a la población de la delincuencia, las drogas y el terrorismo, y su función es promover reformas legislativas e institucionales, además llevar a cabo proyectos de cooperación técnica para monitorear, prevenir y contrarrestar la producción y el tráfico y el uso indebido de drogas, así como la delincuencia organizada y la corrupción, en coordinación con los gobiernos y la sociedad civil.
Fidel López García, director general del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio, mencionó que vivir en una sociedad regida por leyes y el respeto de las mismas, es una condición necesaria para el progreso social y económico del país, ya que la vigencia efectiva del Estado de Derecho ofrece certeza y seguridad a la población
Indicó que una actitud titubeante o inconsistente en el fomento de la legalidad y en la aplicación de la ley estimula la inobservancia de ésta, de ahí, que “legalidad y equidad social, estrategias socialmente incluyentes en el marco del respeto a la Ley; esa es la fórmula”. “Evitemos que el crimen organizado abrace y arrebate para sí ese espacio; evitemos que el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática se degraden en el ánimo de la población”, finalizó.
En la exposición de motivos, Luis Miranda Nava, secretario General de Gobierno, dijo que desde que Enrique Peña Nieto asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, se comprometió a hacer un gobierno que trabaje cotidianamente para proteger, primero que nada, la integridad física de las personas y su patrimonio. Dijo que el mandatario estatal ha reiterado que al ser la seguridad pública una tarea fundamental del estado no se puede ni se debe permitir que haya más crímenes que indignen a la sociedad, ni tampoco se debe ceder terreno a los delincuentes para que violenten el estado de derecho.