México, Distrito Federal
Sábado 7 de Junio de 2008.
Con el propósito de proteger a los menores que padecen este transtorno, legisladores federales pretenden endurecer las medidas para que los prestadores de servicios educativos se abstengan de administrar medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas a niños con problemas de hiperactividad y aprendizaje, ya que en muchos casos es diagnosticado no por médicos especialistas, sino por éstos servidores públicos, sin bases metodológicas, capacitación o norma específica alguna. La propuesta sanciona a quienes expulsen o se nieguen a prestar el servicio educativo a niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje, y que condicionen su aceptación o permanencia en el plantel al sometimiento a tratamientos médicos específicos.
Puntualiza que la multa sería de cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción, tomando en cuenta que podrá duplicarse en caso de reincidencia, y la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.
La iniciativa que fue leída por la diputada federal Susana Monreal Ávila en la Comisión Permanente y remitida a la Comisión de Educación y Servicios Educativos resalta que se conocen casos donde algunas escuelas llegan a “boletinarlos”, para que los niños expulsados no sean admitidos en otras. Los legisladores agregan que los niños que lo padecen son generalmente etiquetados, discriminados y hasta excluidos de las escuelas, y en otras ocasiones se les condiciona su permanencia en el sistema escolar a costa de seguir tratamientos con los fármacos.
Precisan que a quienes se les diagnostica el déficit de atención se les administran fármacos como Ritalin e Imipramina. El primero es un estimulante del sistema nervioso central que origina un aumento en la frecuencia respiratoria y provoca que la gente se sienta más despierta y activa. Además eleva el estado de alerta en la persona, estimula el sistema respiratorio en pacientes que padecen algún grado de depresión respiratoria o que tienen exagerada tendencia a dormirse. “Es una sustancia de importancia terapéutica que puede inducir adicciones a drogas y un daño progresivo en los niños”, cita la iniciativa.
Añade que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha advertido de un aumento del consumo mundial del metilfenidato, sustancia activa del Ritalin, pues pasó de menos de 3 toneladas en 1990 a más de 8.5 toneladas en 1994, y que de 1997 a 2001 aumentó de 11.6 toneladas a 15.4. La JIFE argumenta que este incremento se debe a la difusión masiva para la utilización de la sustancia en el tratamiento del “trastorno de la concentración” en los niños.
La propuesta que firman los diputados Constantino Acosta Dávila (PAN), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del PRD; Sergio Sandoval Paredes (PRI) y Abundio Peregrino García (PT), modifica los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación, para que sólo profesionales puedan prescribir estupefacientes y psicotrópicos y con consentimiento de los padres o tutores.